El grupo de trabajo propondrá enmiendas a la Estrategia de Desinversión de 1984 de IP (EE. UU.)

LOUISVILLE - Un grupo de trabajo creado por la 226^ª Asamblea General (2024) para revisar la Estrategia de Desinversión de la IP (EE. UU.), que se remonta a 1984, tiene una serie de propuestas de enmienda que presentará a la 227^ª Asamblea General, reunida en línea y en persona en Milwaukee, Wisconsin, del 22 de junio al 2 de julio.

El grupo de trabajo, compuesto por 11 miembros, celebró su primera reunión en abril de 2025 y eligió como moderador al Rvdo. Brian Ellison. En total, el grupo de trabajo se reunió siete veces a través de Zoom y una en persona. El personal de Office of Faith-Based Investing and Shareholder Engagement proporcionó apoyo, y el personal de The Board of Pensions of the Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) y de la Presbyterian Foundation participó plenamente en las reuniones del grupo de trabajo.

El grupo de trabajo incluía a membresías con experiencia actual y pasada en debates eclesiásticos sobre la desinversión, como miembros de Responsabilidad de la Misión a través de la Inversión (MRTI) en representación de la Junta de Pensiones y la Fundación Presbiteriana , o como acompañantes consultores activos a favor o en contra de acciones concretas de desinversión. De acuerdo con las directrices de la Asamblea General, el grupo de trabajo representaba la diversidad geográfica de toda la Iglesia, y las membresías sin cargo representaban a cinco sínodos diferentes. Los miembros del grupo de trabajo también recurrieron a la experiencia y las aportaciones de otras personas, incluidos antiguos miembros del personal del MRTI y del Comité Asesor sobre Políticas de Testimonio Social (Comité Asesor sobre Políticas de Testimonio Social), dirigentes del concilio intermedio y representantes de grupos de defensa.

El grupo de trabajo examinó los documentos y declaraciones pertinentes y las políticas sobre valores prohibidos tanto de la Asamblea General como de las agencias inversoras, y recibió presentaciones del personal sobre la aplicación histórica y la comprensión actual de la política de 1984. También recibió y consideró las aportaciones de quienes han perseguido la desinversión en empresas y se han visto afectados por el proceso de desinversión.

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"Nuestro grupo de trabajo quería asegurarse de que escuchábamos muchas voces de la Iglesia", dijo Ellison. "Complementamos nuestras propias experiencias con presentaciones de quienes han acompañado consultores a favor de una desinversión más generalizada en el pasado, y de otros que se han sentido preocupados por las acciones de desinversión propuestas."

Al final, el grupo de trabajo se reunió en torno a la idea compartida de que la Estrategia de Desinversión de 1984 ha sido de gran utilidad para la IP (EE.UU.) y su ministerio, ya que ha proporcionado un marco estable para las acciones de conciencia y testimonio, proveyendo una guía significativa para las agencias inversoras en el cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria.

"El grupo de trabajo coincidió unánimemente en que la política de desinversión de la Iglesia ha sido muy útil", declaró Ellison. "También apoyamos unánimemente estos cambios mesurados [ver más abajo] que esperamos permitan a las agencias inversoras dar testimonio de forma receptiva y flexible, manteniendo al mismo tiempo su deber fiduciario como fieles administradores de los recursos que gestionan."

A través de sus conversaciones, el grupo de trabajo reconoció áreas clave en las que los cambios en la tecnología, las comunicaciones, las prácticas de inversión y en la iglesia y la sociedad en su conjunto requieren algunas actualizaciones de la política para maximizar su relevancia y utilidad en un nuevo contexto.

Las actualizaciones propuestas por el grupo de trabajo incluyen siete criterios que deben cumplirse para que se considere la desinversión:

• Las acciones de desinversión propuestas deben estar respaldadas por un análisis basado en las escrituras, las confesiones de la iglesia y las preocupaciones éticas orientadas a la justicia de la IP (EE. UU.) aprobadas por acción de la Asamblea General; deben definir claramente el comportamiento y la postura de las entidades corporativas cuyas políticas o prácticas están en cuestión; y deben declarar los fines que se buscan a través de la desinversión.
• La iglesia debe haber abordado la cuestión sobre la que se propone la desinversión mediante diversos esfuerzos educativos y de acción, como establece la política de 1984. El grupo de trabajo propone esta enmienda: "En los casos limitados en los que el MRTI considere que no es probable que el compromiso potencial tenga éxito y se cumplan todos los demás criterios para la desinversión, se podrá añadir una empresa a la Lista de Desinversión/Proscripción de la AG previa aprobación de la Asamblea General sin el compromiso que normalmente se requiere."
• La decisión de desinvertir sólo se tomará previa consulta con la comunidad ecuménica y los aliados en inversiones basadas en valores. (Este último grupo se añade en las enmiendas propuestas.)
• 5. Deben hacerse esfuerzos para examinar los probables efectos y consecuencias de la acción con las comunidades afectadas, en particular los presbiterianos.
• 6. La acción propuesta debe ser lo suficientemente precisa para que pueda evaluarse el efecto de su aplicación.
• 7. Cualquier acción de desinversión propuesta debe incluir disposiciones para: a) informar a los grupos eclesiásticos apropiados, b) dar una visibilidad pública adecuada a la acción, c) involucrar a otros órganos de gobierno y miembros en la defensa de los fines que impulsan la desinversión, d) dar cuidado pastoral a los directamente afectados. (Esta sección también permanece igual).
• Una sección añadida establece que las recomendaciones de desinversión aprobadas por la Asamblea General, ya sean para una sola empresa o para un sector de empresas, se remitirán al MRTI, que se asegurará de que se cumplan los seis primeros criterios y trabajará en colaboración con los organismos inversores de la IP (EE. UU.) para una aplicación coherente con las políticas de valores prohibidos de los organismos inversores.