La Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), a través de su oficial eclesiástico más importante, ha firmado un informe amicus pidiendo que se levante la orden que pone entre cuatro a cinco millones de inmigrantes en riesgo de deportación en los Estados Unidos.
El Reverendo Gradye Parsons, Secretario Permanente de la Asamblea General de la IP (EE. UU.), se une a varias organizaciones de bases religiosas en el informe presentado el lunes 6 de Abril a la Corte de Apelaciones de los EE.UU. para el quinto circuito. El informe apoya la apelación respaldada por los demandados en el caso entre los EE. UU. y más de veinte estados, los cuales ganaron una orden preliminar para poder detener la orden ejecutiva dada por el Presidente Barack Obama en noviembre.
Entre otros aspectos, la acción ejecutiva (en el informe se refiere como criterios de inmigración) ofrecía un indulto a los padres indocumentados de los ciudadanos estadounidenses y/o de los residentes permanentes que han vivido en el país por lo menos cinco años. También expandió la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA por su siglas en ingles), un programa que permitía a las personas inmigrantes menores de treinta años, aplicar para una prórroga de deportación. Ninguno de estos programas da un estatus legal a las personas indocumentadas, pero si les ofrecen tres años sin correr el riesgo de ser deportados y les permite trabajar con una autorización. A su vez, las familias podrían permanecer juntas y disfrutar de una mejor estabilidad económica.*
El informe declara que «el efecto del criterio de inmigración es suspender el procedimiento de deportación de cuatro a cinco millones de personas que residen en los EE.UU. que no representan una amenaza para la seguridad nacional o para la seguridad pública y que tienen lazos familiares duraderos y cercanos en los EE.UU.»
La acción ejecutiva «fue dada en parte para abordar los enormes costos humanitarios relacionados con las deportaciones injustificadas y para permitir a millones de personas en las congregaciones de todo el país a permanecer en los EE.UU. con sus familiares y para adorar con libertad.»
Los signatarios de este informe, el cual fue originado en el Tribunal del Distrito de los EE. UU. Distrito del Sur de Texas, esperan que dé más solidez a la apelación.
Por años, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) ha emitido una política que apoya a una reforma de inmigración integral y que otorgue el alivio para las personas jóvenes indocumentadas (DREAMers en inglés). La 220a Asamblea General (2012) recomendó que se invoque a los concilios de las Iglesias para actuar y «hacer frente a la difícil situación de los estudiantes que son indocumentados y por consiguiente, no pueden acceder a muchos de los beneficios de nuestras instituciones educativas, específicamente abogar por la aprobación de la ley DREAM» (Minutas, 2012, parte I, pp. 60, 1159).
En la misma resolución, la 220a Asamblea General (2012) también ordeno que « La Oficina de Testimonio Publico de la IP(EE. UU.) debera dar principal prioridad al asunto de inmigración cuando se trabaje con los miembros del congreso y con la Casa Blanca» (Minutas, 2012, parte I, pp. 61, 1159). A pesar de que no todas las once millones de personas son indocumentadas, muchas de ellas se beneficiarían de una reforma migratoria integral y de la ley DREAM al recibir alivio temporal a través de estos programas.
«Detener la acción migratoria del presidente daña gravemente el interés público y no se puede tomar una posición sin decir la verdad a los que tienen poder» dijo Parsons. «El pilar de la vida pública estadounidense son las familias estables, y estas están siendo amenazadas y destrozadas como consecuencia de la decisión del tribunal del distrito A largo plazo, la nación sufrirá por su causa.»
De acuerdo con el informe, «El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional informó que entre 1998 y 2007, el gobierno deportó a 108,434 padres extranjeros de infantes ciudadanos estadounidenses. Es posible que un número similar de individuos habrían sido elegibles para esta ley, pero todo se detuvo por orden preliminar del tribunal de distrito.»
El informe también señala que incluso antes de la deportación, los inmigrantes detenidos son alejados un promedio de 370 millas, por lo que el contacto regular con sus hijos y familiares para muchos es prácticamente imposible. En el 2011, más de 5.100 de niños ciudadanos estadounidenses vivían en cuidado temporal después de la detención o la deportación de sus padres.
«La IP (EE. UU.), junto con sus socios de fe, continuará trabajando incansablemente para buscar justicia para nuestros vecinos que simplemente quieren vivir mejor», dijo Teresa Waggener, coordinadora de Asuntos de Inmigración y Secretaria Asistente Permanente de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.). «Este informe amicus es una de las muchas maneras que en las que vamos a seguir abogando por los cambios que mantengan a las familias unidas y les ofrezcan esperanza.»
Otros signatarios incluidos en el informe amicus (títulos en inglés): Church World Service; The Leadership Conference of Women Religious; Disciples Home Missions; The Sisters of Mercy of Americas; Sojourners; the United Methodist Church General Board of Church and Society; the Franciscan Action Network; the Missionary Servants of the Most Holy Trinity; NETWORK, a National Catholic Social Justice Lobby; National Justice for Our Neighbors; the Mennonite Central Committee U.S.; the Conference of Major Superiors of Men; and Hope for Peace & Justice.
*Para más información, véase http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria
미국 장로교가 수백만에 이르는 이민자들의 운명을 바꾸기 위한 법정 고문 소송 적요서 (Amicus Brief)에 서명하다.